La presión de la Fiscalía General de Colombia para reactivar las órdenes de captura contra Alexander Díaz, conocido como ‘Calarcá Córdoba’, comandante de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), genera una nueva crisis en la mesa de negociación de paz impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Esta situación pone en riesgo uno de los procesos más relevantes en la búsqueda de una paz total en el país.
El 26 de marzo, la fiscal Luz Adriana Camargo y el comisionado de paz Otty Patiño se reunieron para definir un plan que permita verificar el cumplimiento de los compromisos de paz por parte de quienes tienen órdenes de captura suspendidas, como Calarcá. Se acordó una metodología para hacer seguimiento al mantenimiento de la suspensión de dichas órdenes, en el marco de la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total, que incluirá revisiones periódicas.
Sin embargo, expertos como Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, advierten que la evaluación debe considerar el impacto de las acciones del grupo armado sobre la población civil y los Derechos Humanos, no solo los acuerdos de cese al fuego. De lo contrario, podrían pasarse por alto violaciones graves.
Por su parte, Elizabeth Dickinson, directora adjunta del Crisis Group para América Latina, señala que la decisión sobre la reactivación de las órdenes de captura debe ir más allá de criterios técnicos y responder a si el gobierno realmente percibe una voluntad genuina de paz en el EMBF. No existe un método infalible para medir esa voluntad.
Además, la situación se complica por presiones externas. El senador estadounidense Bernie Moreno solicitó al presidente Petro acelerar la extradición de Calarcá, lo que añade un factor geopolítico a la decisión. No obstante, Bonilla apunta que la opinión pública nacional pesa más en la dinámica del proceso.
Los recientes hechos violentos, como el secuestro de dos menores en El Bagre (Antioquia) y enfrentamientos armados en Guaviare que causaron la muerte de un soldado, evidencian las dificultades del proceso y la fragilidad de la mesa de negociación. Estas acciones generan dudas sobre el compromiso real del EMBF con la paz.
Alexander Díaz, en entrevista con medios locales, afirmó que es imposible firmar la paz en los menos de dos años que quedan del gobierno Petro, lo que añade pesimismo al proceso.
Este contexto muestra las fisuras de la política de paz actual y plantea grandes desafíos para lograr una salida definitiva al conflicto armado en Colombia.
Información basada en reportes publicados por El Espectador.
