El Gobierno de Ecuador niega que exista un recorte en los recursos destinados a las prefecturas y municipios. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, explicó en una entrevista con Ecuador TV que la reforma reciente tiene como fin mejorar la planificación y el orden en las cuentas públicas, sin eliminar ni un solo centavo de las asignaciones actuales.
Este tema ha generado un intenso debate político, debido a que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma, alegando que vulnera las competencias financieras de los gobiernos seccionales. La ministra aseguró que la medida responde a ajustes administrativos para una mejor gestión del gasto público y no a una reducción presupuestaria.
Además, Morillo cuestionó la marcha convocada en Quito por la prefectura de Pichincha, señalando que existen imágenes que indicarían que trabajadores de dicha prefectura fueron obligados a participar en la movilización, lo que añade tensión política en la relación entre el Gobierno central y las autoridades provinciales.
Los recursos asignados a los gobiernos autónomos descentralizados provienen principalmente del Presupuesto General del Estado y son vitales para la ejecución de obras públicas, servicios y programas sociales en los territorios. La discusión actual se centra en la distribución eficiente y los controles adecuados para el uso de estos fondos.
Esta controversia marca un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y las autoridades locales sobre la administración financiera y el manejo de los recursos públicos en Ecuador.
Información basada en reportes publicados por El Telégrafo. Fuente original
